Iniciativa coordinada (municipal) sobre la regularización masiva

El pasado 16 de abril entró en vigor el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Este Real Decreto, fruto del acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez con sus socios parlamentarios, tiene como fin impulsar una regularización extraordinaria de, por lo menos, medio millón de extranjeros que se encuentran ilegalmente en España, si bien existen cálculos que elevan enormemente esa previsión.

Todo ello, además, evitando deliberadamente el debate y la votación en las Cortes Generales. La aprobación del Real Decreto 316/2026 tampoco ha sido casual. Esta norma, junto con el Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras, que encontrándose en España, no tengan su residencia legal en el territorio español, tiene a medio plazo un innegable propósito electoral: a cambio de premiar a quienes vulneraron las leyes españolas para acceder a nuestro territorio o para permanecer en él, busca proporcionar millones de votos a los partidos de izquierda especialmente implicados en el fomento de la inmigración masiva.

A este respecto, resulta totalmente inaceptable que personas que han accedido al territorio nacional al margen de la legalidad sean posteriormente recompensadas mediante procesos de regularización que no solo desvirtúan el propio ordenamiento jurídico, sino que envían un mensaje inequívoco de impunidad y estímulo a la infracción de nuestras normas. Y también lo es que cualquier extranjero que vea regularizada su situación mediante la obtención de un permiso de residencia acceda, de forma inmediata, a un conjunto de ayudas y prestaciones que resultan inaccesibles para los propios españoles que las sufragan con su esfuerzo.

Por último, se ha de señalar que la entrada en vigor del citado procedimiento extraordinario de regularización está provocando en numerosos municipios una afluencia masiva de solicitantes hacia los servicios municipales, especialmente en padrón, registro y servicios sociales, que actúan de facto como primer punto de contacto ante la falta de medios o asesoramiento de los interesados. Esta situación está generando una sobrecarga significativa de recursos públicos locales, con riesgo real de colapso en la atención ordinaria, retrasos en la tramitación de expedientes propios del ámbito municipal y una progresiva desatención de las necesidades de los vecinos. A ello se suma la presión para la emisión de informes, en particular los de vulnerabilidad, que pueden llegar a elaborarse sin las debidas garantías si no se establecen criterios estrictos, así como la confusión sobre el papel del Ayuntamiento en un procedimiento que no le corresponde. Todo ello exige adoptar medidas claras que aseguren el respeto al marco competencial, eviten distorsiones en la prestación de los servicios públicos y garanticen una actuación administrativa rigurosa, ordenada y ajustada a Derecho.